TRANSPORTISTAS EN PUEBLA, SIGUEN SIENDO VICTIMAS DE LA DELINCUENCIA, DEPÓSITOS, GRÚAS Y AUTORIDADES

El estado de Puebla se ha convertido en un paraíso para la delincuencia, se ha convertido en un mundo de maravillas para negocios DISFRAZADOS DE LEGALES que incurren en delitos lucrando de las circunstancias y de las víctimas de algún delito.

En el estado de Puebla los transportistas se han convertido en clientes frecuentes de la delincuencia, se han convertido en clientes de la delincuencia de autotransporte, como de la delincuencia de los negocios de grúas, de los depósitos vehiculares, de la delincuencia y corrupción de las autoridades, llámese policías municipales, estatales o fiscalías, los cuales, en vez de ayudar a las víctimas del delito, las re victimizan y les generan más daño del que ya les hicieron.

En estos tiempos de crisis nacional, los transportistas de Puebla se han visto mermados en cuestión económica no solamente por la pandemia y sus consecuencias laborales y economicas, sino que se han visto mermados por el robo de sus transportes, de sus tractores, de sus cajas, y en algunos casos, el robo incluye el producto que transportaban, irónicamente cada vez que son víctimas del robo, los trailers están apareciendo o de forma inmediata el mismo día que son robados o en un tiempo máximo de 3 días.

El problema querido lector, es que los transportistas al momento de denunciar el robo, se llevan la sorpresa, que sus camiones ya aparecieron y que tienen que esperarse de 15 a 45 días para que les devuelvan su camión, por si fuera poco, para poder recuperar su herramienta de trabajo, tienen que pagar, ahora a los depósitos vehiculares, cantidades que superan los $80000, no importando que sean víctimas del delito.

Así es querido lector, en Puebla los depósitos vehiculares han visto en los transportistas, en ese sector empresarial, un negocio redondo y sin precedentes, un negocio fuera de la ley, han visto en los transportistas del Estado,una fuente de ingresos, todo ello sin declararlo al SAT.

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MODUS OPERANDI

Cuando los transportistas son víctimas del robo, además de levantar la pre denuncia, siempre reciben una llamada telefónica, ya sea de la policía estatal, municipal o de algún encargado de grúas, donde le avisan que su camión o vehículo robado ya fue localizado y será puesto a disposición de la fiscalía, (de 2 a 72 horas desde el robo, al momento de la localización).

Los transportistas, además de verse en la necesidad de pedir apoyo a un abogado para la gestión respectiva, o en su defecto, dedicarle el tiempo necesario para la gestión de la devolución, además de cumplir con los todos los procedimientos de ley , además de esperar los tiempos de espera en lo que se hacen las investigaciones en cuestiones periciales para poder solicitar la devolución del vehículo recuperado, cuando por fin, la fiscalía de robo de vehículos hace entrega del oficio de entrega de vehículo, descubren, que su camión se encuentra en un deposito vehicular muy alejado al municipio donde fue localizado, y sobre todo, fue puesto en resguardo de un deposito vehicular muy alejado del ministerio público, el cual en teoría, es el depositario oficial.

La primera respuesta de la autoridad ministerial es, que, aunque el ministerio público es el depositario oficial, la policía municipal o estatal, fueron las encargadas de resguardar el camión en dichos depósitos, es decir, el ministerio nunca tiene el camión robado, ya que, por negocios y tratos no escritos, las policías sin facultades, deciden que deposito conviene, aunque ello sea ilegal y perjudicial lógicamente para las víctimas del delito.

Cuando los transportistas deciden transportarse al municipio donde se encuentra el vehículo robado, al hacer entrega del oficio de entrega, los encargados del depósito, les señalan que, para poder entregarles el camión o vehículo robado, deben de pagar los gastos de arrastre y depósito, pago económico, que, hasta el día de hoy, oscila entre $80,000 y $250,000 por unidad.

Cuando el transportista o su representante, les refieren que son víctimas del vehículo, los encargados del depósito, refieren que, sin pago, no hay unidad, y que la fiscalía es una cosa, pero ello, son otra, y que las leyes del estado no les aplican.

Aunque el código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de víctimas tanto la Federal como la Ley de víctimas del estado de Puebla, les otorga el derecho a ser restituidos de sus derechos y pertenencias cuando sean víctimas del delito y, aunque el artículo 99 de la ley de ingresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veinte, señala que con respecto a las víctimas del delito cuando son víctimas del robo de vehículo se les debe de condonar El 100% de cualquier contribución llámese de maniobras, arrastre y depósito, para los depósitos vehiculares, dichas leyes no existen, ya que para ellos, la única ley que existe es el $ y la corrupción.

Cuando los transportistas del estado, ante los abusos y la ilegalidad, se acercan ante el ministerio público para manifestar lo ocurrido, siempre les dicen que ellos no pueden hacer nada, y que eso se arregla directamente con los depósitos de vehículos y grúas.

Aunque varios transportistas han logrado por medio de recursos jurídicos obtener la orden de jueces para la entrega de sus vehículos, como las órdenes para iniciar procedimientos de retiro de concesión de grúas y depósitos vehiculares, las autoridades del estado NO HACEN NADA.

Un punto interesante, es que, cuando los jueces estatales o los jueces federales ordenan la devolución de los vehículos sin pago alguno por tratarse de víctimas, las autoridades ministeriales y estatales se niegan a acatar las órdenes de los jueces ya sea amedrentando a las víctimas, dilatando más los procedimientos o en su defecto invitándolos a negociar con los depósitos vehiculares.

La mayoría de los transportistas del Estado refieren a este medio que para poder recuperar sus vehículos no les queda de otra, más que pagar cantidades que van de los $80000 hasta los $250000 por unidad.

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Este medio platicó con diferentes transportistas del estado y todos coinciden en que se han hecho diversos procedimientos de ley, se ha buscado la sanción de grulleros, sea buscado la sanción de los depósitos vehiculares, es más, se ha denunciado a las autoridades que se han prestado a ser partícipes de estos actos corruptos que existen en el estado, sin embargo, hasta el día de hoy no pasa nada.

La mayoría de los transportistas del estado, nos señalan que cuando se le requiere factura por esas cantidades que están pagando, siempre les entregan facturas de negocios o personas fisicas de los supuestos depósitos vehiculares que radican, o bien en Cuernavaca, Morelos, en el Estado de México o la Ciudad de México,

“Siempre Te entregan facturas por otros servicios o en su defecto te señalan que los precios que se dieron fueron los acordados…”

“Si de por si te cobran muchísimo, si les pides factura, te cobran aparte el IVA, aunque no lo reflejen en la factura.”

“Quieren pagos en efectvo o por transferencia bancaria a sus cuentas de ellos, pero te dan factura de otro estado, y de otra persona moral o física diferente a la que brinda el servicio.”

Todos señalan que las autoridades estatales y ministeriales del Estado no pueden hacer nada ya sea por corrupción, Negligencia u omisión, Pero al final de cuentas, sea la excusa que sea, NO HACEN ANDA.

Lo preocupante de esto querido lector, es que los transportistas ya tienen detectadas las zonas donde son robados sus vehículos, sin embargo aunque parezca irónico, y se habla mucho de la lucha en contra de la corrupción, nadie hace nada.

Aunque el artículo 99 de la ley de ingresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veinte señala las cuotas permitidas, y aunque los transportistas son víctimas del delito, aceptan pagar alguna retribución con tal de contar de nueva cuenta con sus camiones, todo ello para poder seguir trabajando, sin embargo lo preocupante, es que a los transportistas del estado de Puebla, les están robando de 5 a 10 camiones al año, y terminan pagando sin necesidad y obligación, gracias a los abusos y corrupción, de un millón a millón y medio de pesos, solo para poder recuperar sus camiones, millón o millón y medio embolsado ilegalmente por las empresas de los depositos vehiculares.

Aunque este robo y abuso, no es un problema nuevo, ya se viene arrastrando de décadas, lo cierto, es que los abusos de los depósitos vehiculares y de las autoridades en cuestión de robo de vehículos, ha aumentado en menos de un año y se ha descarado.

TIEMPO DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL POR CORONAVIRUS, MOTIVO DE LUCRO

La pandemia, no detuvo el robo, abuso y corrupción, al contrario, el tiempo fue benigno para lucrar de las víctimas del delito, ya que, aunque las autoridades, ordenaron la suspensión de labores y la suspensión de términos administrativos y términos en materia legal, lo cierto es que, durante la PANDEMIA, los depósitos vehiculares, hicieron su agosto, ya que durante este tiempo, los robos de vehículos particulares y de vehículos de transporte aumento desproporcionalmente en todo el estado, sin embargo, todas y cada una de las víctimas, siguieron siendo víctimas del delito tanto de los delincuentes como de las autoridades, pero sobre todo, de los depósitos vehiculares que de forma cínica, aprovechando las circunstancias, aumentaron de forma irreal sus precios para que las victimas pudieran recuperar sus vehículos.

Ojalá Miguel Barbosa tome cartas en el asunto, porque es preocupante en cuestión económica lo que está sucediendo en el estado, a los empresarios transportistas y sociedad en general en cuestión de víctimas del delito de robo, no se les están dando las garantías, sino todo lo contrario, los siguen re victimizando.

Es tiempo de retirar las concesiones a varias de las grúas que existen en el estado, las cuales han lucrado de las víctimas, han lucrado de la necesidad de las personas, pero sobre todo, han logrado lucrar y seguir lucrando de las víctimas de la mano de las autoridades, las cuales tienen que empezar a poner una línea de distancia y a poner cartas en el asunto, ya que ante ellos, se sigue violando derechos, se sigue robando a las víctimas, además de permitirse, la comisión de corrupción y delitos fiscales.

Es importante señalar, que este medio tuvo a la vista, cobros facturados por diversos depósitos vehiculares a empresas de transporte y personas físicas, y el cobro mas económico fue de $20,000 por un vehículo recuperado modelo 2016 de 4 cilindros, el cual duro en el deposito solo 15 días, así como de tener a la vista diversas facturas por camiones robados y recuperados por las cantidades de $81,000 hasta de $175,000 por un mes de estar en el deposito, después de haber sido robado,recuperado y devueltos, durante el tiempo de la contingencia sanitaria del COVID-19.