EL NEGOCIO DE LA TRATA PROSPERA POR LA INDIFERENCIA ANTE LA EXPLOTACIÓN

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Los migrantes están en el punto de mira, según António Guterres que señala que, desde el sector de la construcción al de la producción de alimentos, muchas empresas y negocios se benefician de la miseria. Por su parte, un experto independiente de la ONU asegura que los políticos que construyen muros contra los migrantes van en contra de los intereses de sus propios países.

Según António Guterres, la guerra, el cambio climático, los desastres naturales y la pobreza exacerban la vulnerabilidad y la desesperación que permiten que el tráfico de personas prospere.

Pero no son las únicas razones: “también cada día la indiferencia ante el abuso y la explotación que nos rodean se cobra numerosas víctimas. Desde el sector de la construcción al de la producción de alimentos o de bienes de consumo, incontables negocios y empresas se benefician de la miseria”.

El titular de la ONU destaca que los traficantes y los grupos terroristas se aprovechan precisamente de las personas vulnerables y recordó que Nadia Murad, la primera víctima de trata en ser Embajadora de Buena Voluntad de las Naciones Unidas, recibió con justicia el Premio Nobel de la Paz en 2018 por catalizar la acción internacional para acabar con la trata y la violencia sexual en los conflictos.

Aproximadamente el 72 % de las víctimas registradas de la trata son mujeres y niñas, mientras el porcentaje de niños que son víctimas de este delito se ha duplicado con creces entre 2004 y 2016, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

La mayoría de las víctimas son objeto de explotación sexual, pero hay otras formas de abuso, entre ellas los trabajos forzosos o, en el caso de los niños, el alistamiento como soldados en contra su voluntad.

La trata es un crimen y una violación que no debería tener lugar en nuestro mundo. Sin embargo, entre 2003 y 2016 se registraron 225,000 víctimas “y hay muchas, muchas más víctimas ocultas que necesitan ayuda”, según el responsable de esa agencia, Yury Fedotov.

Por su parte, la relatora especial* de la ONU sobre trata de personas explica que las políticas xenófobas y restrictivas de la migración, junto con la criminalización de los migrantes, así como de las organizaciones e individuos que suministran ayuda humanitaria, son incompatibles con una actuación eficaz contra el tráfico de personas” y, por el contrario, la fomentan.

Maria Grazia Giammarinaro asegura, además, que “los políticos que alimentan el odio, construyen muros, toleran la detención de niños y evitan que los migrantes vulnerables ingresen a sus territorios están trabajando en contra de los intereses de sus propios países”.

Para la experta de la ONU es de vital importancia que los Estados inviertan en soluciones a largo plazo para garantizar la inclusión social de los sobrevivientes y su acceso a la justicia y reparación.

“Se necesita una migración segura, ordenada y regular, lo que incluye prever la integración social de los migrantes. Esto es crucial también para las víctimas de la trata, incluidas las mujeres que sufren discriminación, la violencia de género y la explotación, y los niños víctimas de abusos durante su viaje, especialmente cuando viajan solos. La realidad es que las políticas migratorias restrictivas producen irregularidades y vulnerabilidades, y fomentan la explotación y el tráfico. Por eso, la inclusión social es la única y correcta respuesta”, agrega.

Además, los sobrevivientes de la trata “necesitan solidaridad y un ambiente social amigable para recuperar el control de sus vidas, un proceso que ciertamente también requiere recursos financieros” con los que facilitar la reparación a las víctimas.

“Sin embargo, hasta la fecha, la compensación sigue siendo una de las disposiciones menos implementadas del llamado Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata, especialmente mujeres y niños”, afirma Giammarinaro.

Por ese motivo, la experta insta a los Estados a que eliminen los obstáculos que dificultan el acceso a la justicia para las víctimas y les otorguen el estatus de residencia, asegurándose de que no sean detenidos ni procesados por actividades ilegales en las que puedan haber estado involucrados como resultado de la trata.

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