INSUFICIENTES RESULTADOS DE PROCURADURÍAS Y FISCALÍAS A NIVEL NACIONAL

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que México enfrenta una grave problemática en materia de procuración y administración de justicia, lo que se refleja en los insuficientes resultados que la Fiscalía General de la República (FGR), así como las procuradurías y fiscalías estatales tienen ante la crisis de impunidad e inseguridad que se vive, los cuales indican que a nivel nacional la probabilidad promedio de esclarecimiento de un delito es de 1.3%, mientras que en Guerrero es de 0.2%, lo que significa que solo uno de cada 500 delitos en esa entidad se logra esclarecer, en tanto que Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Tamaulipas presentan porcentajes inferiores al 0.6%.

De acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración y Administración de Justicia del INEGI, el

índice de efectividad en la resolución de carpetas de investigación en 2019 es del 19.4%, y las entidades federativas donde las procuradurías y fiscalías registran el menor porcentaje de efectividad son Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, todas con cifras menores al 10%, lo cual evidencia que en México aún se carece de un modelo que permita articular los roles, las competencias, el marco de actuación y los objetivos para la operación de cada una de las instituciones involucradas en la procuración y administración de justicia, lo que incide directamente en la eficacia de las policías, ministerios públicos y jueces.

Subrayó que el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 indica que en promedio hay

8.2 Ministerios Públicos por cada 100,000 habitantes; sin embargo, las diferencias por entidad son

significativas, ya que mientras que en Puebla se cuenta con 2.8 Ministerios Públicos por dicha cantidad de habitantes, en Chihuahua hay 25.1. Y refirió que el presupuesto de las procuradurías y fiscalías también presenta variaciones importantes, pues en la Ciudad de México se destinan $740.00 pesos por persona, en Chihuahua y Nuevo León más de $600.00 por habitante, en tanto que Guerrero destina $244.00; Estado de México, $218:00; Veracruz, $175.00 y Tlaxcala, $106.00.

Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al presentar el Estudio sobre el

Cumplimiento e Impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH 2001-2017, en Materia de Procuración y Administración de Justicia, respecto del cual señaló que en esa investigación se evidencia la falta de plena autonomía de las procuradurías y fiscalías de justicia; la debilidad de sus servicios profesionales de carrera, y la estructura heterogénea de cada instancia de procuración de justicia dependiendo de la entidad federativa de que se trate, lo que da cuenta de las dificultades materiales y técnicas que les impiden llevar a cabo los procesos que demanda un sistema de justicia de corte acusatorio, pues la limitada capacidad de investigación criminal ocasiona que, con frecuencia, se violen derechos humanos.

Comentó que lo sucedido en el Caso Iguala no es cuestión excepcional o única, ya que día con día, y

desde hace muchos años, las y los mexicanos se enfrentan ante una realidad en que la posibilidad de que los delitos sean efectivamente investigados y los responsables sancionados es mínima; donde si alguien es víctima de un delito, frecuentemente decide no interponer una denuncia ante los costos y dificultades que el seguimiento de la misma le implicará, y las bajas posibilidades de que la ley se aplique y el agravio sufrido se repare. Y enfatizó que todo esto debe cambiar, porque nuestro país no podrá lograr la paz, la seguridad, ni construir el entorno de verdadera legalidad al que se aspira ni alcanzar una efectiva y verdadera procuración e impartición de justicia, respetuosa de los derechos humanos, si no se asume como una prioridad nacional.

Ante la grave problemática existente en materia de procuración y administración de justicia en el país, el Estudio estima viable adoptar procesos restaurativos, para lo cual es imprescindible que la respuesta al delito repare, en lo posible, el daño sufrido por la víctima; el mecanismo de sanción permita que las personas responsables del delito comprendan que su conducta generó consecuencias reales para la víctima y la comunidad; las víctimas tengan oportunidad de expresar sus necesidades y participar para determinar que las personas responsables reparen el daño, y la comunidad asuma su responsabilidad para contribuir en ese proceso.