PIDEN SANCIONES PARA LOS MILITARES EN MYANMAR

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La Misión Internacional de Investigación Independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar divulgó este lunes un informe en el que insta a cortar lazos con el Ejército del país y con la vasta red de empresas bajo su control en un.

“Los ingresos que los militares obtienen de negocios comerciales nacionales y extranjeros aumentan sustancialmente su capacidad para llevar a cabo violaciones graves de los derechos humanos con impunidad”, aseguran los expertos encabezados por el abogado y activista Marzuki Darusman, antiguo Fiscal General de Indonesia.

El informe establece en detalle por primera vez el grado en que el Ejército de Myanmar ha utilizado sus propios negocios, compañías extranjeras y acuerdos de armas para apoyar operaciones brutales contra grupos étnicos. Esos operativos constituyen crímenes graves según el derecho internacional, evitan la supervisión civil y evaden la responsabilidad criminal, señalan los expertos.

Por ese motivo, estiman que el Consejo de Seguridad debería imponer, de manera inmediata, sanciones selectivas contra las compañías dirigidas por los militares, conocidas como Tatmadaw.

Los expertos también alientan a los consumidores, inversores y empresas en el país y en el extranjero a evitar tratos con empresas afiliadas a las fuerzas armadas.

El informe de la Misión habla de dos de las empresas más opacas de Myanmar, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) y Myanmar Economic Corporation (MEC), ambas pertenecientes e influenciadas por altos líderes militares.

Entre ellos se encuentran el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general en jefe Min Aung Hlaing, y el vicecomandante en jefe, el general  Soe Win, quienes, según la Misión, deberían ser investigados y procesados ​​por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

MEHL y MEC poseen al menos 120 empresas involucradas en todos los sectores de la economía, desde la construcción hasta los productos farmacéuticos, la manufactura, los seguros, el turismo y la banca.

Ambas compañías, junto con al menos 26 de sus filiales, poseen licencias para la extracción de jade y rubí en los estados de Kachin y Shan.

Para realizar sus actividades comerciales, las Tatmadaw han perpetrado graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en el norte de Myanmar, entre las que se incluyen el trabajo forzoso y la violencia sexual.

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