MORENA VS RODOLFO RUIZ Y E-CONSULTA

De vergüenza y como una muestra clara de intentar cohibir y controlar la libertad de expresión, es lo que sucede en Puebla, estado gobernado por el hoy morenista MIGUEL BARBOSA y donde los índices de inseguridad, corrupción y demás siguen en aumento.

Resulta querido lector, que el líder del congreso y ex dirigente estatal de MORENA, Gabriel Biestro, el subsecretario de Movilidad y Transportes, Seth Yassir Vázquez Hernández; el director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas y el subsecretario de Administración, Juan Pablo Cortés Córdova, (todos hoy de MORENA), presentaron demandas civiles por DAÑO MORAL en contra del portal de noticias digital E-CONSULTA y su director RODOLFO RUIZ, todo ello por unas notas periodísticas que exhibían sus conductas en el pasado.

Lo preocupante de este asunto, no solo es el lucro económico que buscan estos morenistas con su demanda intentada (20 millones de pesos por daño moral), sino lo que realmente alarma, es la forma con la cual, desde el gobierno del estado se busca por conducto de terceros, mermar y limitar la información, la verdad política y social que se vive en el estado, ya que esta demanda busca ser una advertencia para todos los medios no alineados.

En su nota titulada “ACOSO Y PERSECUSION CONTRA E-CONSULTA, publicada el día 24 de febrero, en su sección LA CORTE DE LOS MILAGROS, Rodolfo Ruiz señala que:


“Cuatro son hasta el momento las demandas civiles que igual número de funcionarios y políticos cercanos al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta han promovido en contra de quien esto escribe como columnista de e-consulta y representante legal de Consultoría Contracorriente, reclamando en conjunto 20 millones de pesos por indemnizaciones.

Las cuatro demandas presentadas y notificadas cronométricamente son por el supuesto daño moral que mis columnas han causado al diputado Gabriel Biestro Medinilla, al subsecretario de Movilidad y Transportes, Seth Yassir Vázquez Hernández, al director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, y al subsecretario de Administración, Juan Pablo Cortés Córdova.

Casualmente los cuatro demandantes tienen el mismo cuerpo de abogados encabezado por Florencio Madariaga Granados, ex sub procurador chiapaneco detenido en febrero de 2006 en Madrid, España, acusado de malversar 900 millones de pesos y por Roberto Morales Torres, quien en 2017 fue representante del ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, cuando éste demandó al activista Horacio Culebro Borrayas precisamente por “daño moral”.

En todos los casos, los funcionarios y políticos barbosistas solicitan a los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto en materia civil embargos precautorios de mis bienes, propiedades, cuentas bancarias y de inversiones, así como los de la empresa propietaria del periódico digital que dirijo, para garantizar la reparación de supuesto daño moral que les provoqué.

Todos sin excepción, argumentan apoyándose en peritajes realizados por el mismo psicólogo José Luis Guillén Gordillo, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que mis críticas han alterado su vida privada y entorno familiar, acarreándoles descrédito, insultos y violencia callejera y una perturbación injusta en su persona que se traduce en disgusto, desánimo, angustia, y padecimientos emocionales o psicológicos en su estado de ánimo.

Por el daño psicológico, que según los funcionarios y políticos barbosistas les causaron mis publicaciones, afectando su honor, fama pública, futuro político e ingresos económicos, cada uno me reclama una reparación económica de cinco millones de pesos.

Dicha indemnización fue cuantificada, en los cuatro casos, también por el mismo perito Guillermo Alfonso Ponce Yépez, supuesto experto en materia de comunicación y redes sociales con maestría en Ciencias Penales y especialidad en el área de criminalística.

El cálculo de la reparación del daño resulta controvertido, por no decir arbitrario y discrecional, a juzgar por las evidentes diferencias que hay entre los personajes, por los supuestos agravios que unos y otros reclaman, el número de publicaciones y por lo disímbolo de cada caso.”

PUEDES LEER LA NOTA COMPLETA AQUÍ


Pero eso no es todo querido lector, los MORENISTAS buscan con las demandas además del pago de cinco millones de pesos para cada uno de los bondadosos y defensores de la soberanía nacional, la destrucción de los archivos o registros electrónicos de las publicaciones realizadas por Ruiz en E-consulta en donde supuestamente se les daño.

Es decir, para los MORENISTAS Gabriel Biestro, Seth Yassir Vázquez Hernández, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas y Juan Pablo Cortés Córdova, su integridad e imagen publica debe ser incuestionable e intocable, y aunque lo publicado por Rodolfo Ruiz sea verdad, y aunque sean figuras y servidores públicos, pretenden, que sus actos de vergüenza se olviden y no los toquen, ya que eso los daña públicamente…de risa, de vergüenza y de ejemplo claro de las formas sensibles y a conveniencia de los funcionarios morenistas de la entidad.

Por ello, recuerdo en estos momentos una jurisprudencia que dice que, “ para que se actualice la malicia, no es suficiente que la información difundida resulte falsa, (cosa que en el caso de Ruiz y E-Consulta es lo contrario, ya que la información que se difundió es real y verdadera, además de ser del dominio público), pues ello conllevaría a imponer sanciones a informadores además de que vulneraría el estándar de veracidad aplicable a la información, induciría a ocultar la información en lugar de difundirla, socavando el debate robusto sobre temas de interés público que se persigue en las democracias constitucionales.

Ahora resulta, que todos los días tenemos que oír que lo malo que pasa hoy, es culpa de conservadores, neoliberales, de políticos del PAN, de políticos del PRI, del PRD, pero no se puede tocar el pasado o el presente turbio o nubloso de funcionarios activos de MORENA porque se ofenden o se les causa daño moral…

Congruencia MORENA, sean congruentes por favor….

Por ello termino diciendo, que la acción de Gabriel Biestro, Seth Yassir Vázquez Hernández, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas y Juan Pablo Cortés Córdova, en contra de E-Consulta  y Rodolfo Ruiz, es de vergüenza, es un atentado a la libre expresión, a la libre prensa, una intentona de controlar los medios, la información y todo aquello que no esté dentro de sus estándares, y aunque justifiquen que lo que pasa es porque hay medios “chayoteros que ya no reciben dinero”, como es siempre la excusa, lo cierto es que Gabriel Biestro, Seth Yassir Vázquez Hernández, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas y Juan Pablo Cortés Córdova, sacaron el cobre, y dejaron en claro la intención real tanto de su persona, como del gobierno del estado.


Para los funcionarios que se enojan y se ofenden por que se publican notas periodísticas de su pasado o presente, les dejo esta jurisprudencia, minimo, para que busquen a un asesor y les informe de que se trata o que dice…

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA INFORMACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DURANTE SU GESTIÓN NO PIERDE SU CARÁCTER DE HECHO DE INTERÉS PÚBLICO POR EL MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO.

En la doctrina constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la libertad de expresión, la Primera Sala del Alto Tribunal ha hecho suyo el denominado “sistema dual de protección” desarrollado en la jurisprudencia interamericana, conforme al cual, los límites de la crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna. Ahora bien, el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan sus actividades o actuaciones. Por tanto, si bien es cierto que estas personas no estarán sometidas a un mayor escrutinio de la sociedad en su honor o privacidad durante toda su vida, sino sólo mientras realicen funciones públicas o estén involucradas en temas de relevancia pública, también lo es que tampoco podría afirmarse que la información consistente en que un individuo fue acusado hace más de treinta años de cometer un delito en perjuicio de una dependencia del Estado cuando fue servidor público carezca de interés para la sociedad. Así, la información sobre el comportamiento de funcionarios públicos durante su gestión no pierde relevancia por el mero transcurso del tiempo y, por tanto, no pierde su carácter de hecho de interés público; por el contrario, es justamente el seguimiento ciudadano sobre la función pública a lo largo de los años lo que fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la rendición de cuentas por aquellos que tienen ese tipo de responsabilidades.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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