CNDH DETECTA IRREGULARIDADES EN EMPRESAS
La CNDH identificó que hay empresas que operan y generan daños con permiso y sin supervisión del gobierno, y enfatizó que la responsabilidad de las empresas de respetar derechos humanos en México, que va más allá de la responsabilidad social empresarial, no debe estar sujeta a la buena voluntad y conciencia de los empresarios, ya que como resultado de su investigación observó situaciones que propician violaciones a derechos humanos en once sectores industriales.
Al interior de las empresas, principalmente en la agroindustria, minería e hidrocarburos, existen condiciones irregulares en las contrataciones y salario del personal, centros de trabajo que no cumplen con condiciones de higiene y seguridad, trata de personas y trabajo infantil. Los grupos que resultan afectados principalmente son los trabajadores, migrantes, pueblos y comunidades indígenas, jornaleros, niños niñas y adolescentes y mujeres.
Al exterior de las empresas, principalmente en los sectores de servicios públicos, construcción, energético, turismo y entretenimiento e hidrocarburos, existen transgresiones contra personas con
discapacidad por empresas concesionarias que prestan servicios públicos; contra migrantes por empresas de seguridad privada contratadas por la autoridad migratoria, que realizan revisiones y detenciones irregulares; contra personas privadas de la libertad, por empresas contratadas por la autoridad penitenciaria para la prestación del servicio de abastecimiento de alimentos, sin cumplir con estándares de calidad ni cantidad; y contra pueblos y comunidades indígenas, por empresas que tienen permisos, licencias, o contratos que les otorgan las autoridades para desarrollar megaproyectos en sus territorios y con sus recursos naturales, así como criminalización y hostigamiento a defensores y activistas.
Por ello, la CNDH emitió la Recomendación General 37/2019 “Sobre el Respeto y Observancia de los Derechos Humanos en las Actividades de las Empresas”, en la que se marca un triple objetivo:
1) Establecer los parámetros de respeto y observancia de los derechos humanos en las actividades públicas y privadas en México con base en los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, principalmente de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas;
2) Presentar propuestas de políticas públicas encaminadas a que haya debida alineación de la relación Estado—Derechos Humanos—Empresa, y
3) Presentar propuestas de modificaciones legislativas específicas para que en las actividades de las empresas se incluya el tema de los derechos humanos.En ella, la Comisión Nacional sostiene que es compatible el trinomio ganancia económica—riesgo empresarial—observancia de derechos humanos, y que el respeto a tales derechos no debe ni puede ser visto como obstáculo del sano ejercicio económico del sector empresarial, sino como área de oportunidad para redireccionar sus políticas y estrategias.
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