Esta mañana Andrés Manuel López Obrador firmó un memorándum  con las indicaciones para eliminar la Reforma Educativa y todo lo que se haya aprobado en torno a ella, incluso las destituciones de los maestros que no cumplieron con sus obligaciones de presentarse a trabajar o de presentar el examen de evaluación.

El contenido de dicho memorándum  ha causado revuelo por la arbitrariedad del mismo al no tener motivación ni fundamento legal, además de echar abajo una reforma constitucional con solo un comunicado interno de su administración.

El propio ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío señaló que dicho memorándum es fácilmente impugnable y por esa misma razón diputados del PAN ya preparan amparos en contra de dicho documento.

He aquí el contenido:

Ciudad de México 16 de abril de 2019

MEMORÁNDUM

A la Secretaria De Gobernación, Olga Sánchez Cordero

Al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán

Al Secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías

Como es de público conocimiento, las reformas conocidas como estructurales y la agenda impuesta desde el extranjero durante el periodo neoliberal no han dejado más que pobreza, violencia, corrupción, y malestar social. Particularmente, la mal llamada reforma educativa no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza; en cambio, este conjunto de modificaciones legales, impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio nacional, ha causado una indeseable polarización en la sociedad, así como una manifiesta erosión institucional.

Hasta la fecha no ha sido posible alcanzar un acuerdo entre el Legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial para derogar la llamada reforma educativa y reemplazarla por un marco legal satisfactorio, útil y funcional; sin embargo, la administración pública federal requiere de lineamientos claros para seguir en el ámbito de la enseñanza pública.

Así pues, en tanto se alcanza un entendimiento con maestros y padres de familia sobre los cambios constitucionales requeridos y las leyes reglamentarias que deben ser modificadas o, en s caso, abrogadas, y con base en las facultades que me confiere el cargo que detento, me permito presentar a ustedes los siguientes lineamientos y directivas:

  1. La educación pública debe ser obligatoria laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad. La secretaría de Educación Pública (SEP), se atendrá a estos principios en tanto se alcanza el consenso entre el Congreso de la Unión, los trabajadores de la educación y la sociedad.
  2. Mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa.
  3. La nómina del sector educativo quedará bajo el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual impedirá prácticas patrimonialistas, “aviadores”, y cualquier otra forma de corrupción. La SEP por su parte, administrará las plazas magisteriales, evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas. Asimismo la SEP reinstalará a los educadores que fueron cesados por la aplicación de evaluaciones punitivas.
  4. La Secretaría de Gobernación realizará las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentren en prisión por haberse opuesto a la susodicha reforma o por haber participado en otras causas sociales justas, así como a retirar las imputaciones legales formuladas por instancias del gobierno federal para castigar activismos pacíficos en lo político, social, laboral, ambiental, agrario y de defensa del territorio. De igual modo deberá indemnizar a familiares de quienes perdieron la vida por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores.

Finalmente, aprovecho la expedición del presente memorándum para formular un exhorto a los maestros de todas las tendencias y corrientes a mantener un diálogo permanente a impedir la confrontación y a buscar una formulación legal que garantice el derecho del pueblo a la educación bajo el principio juarista de que “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

Atentamente

Rúbrica

Andrés Manuel López Obrador Presidente Cosntitucional de los Estados Unidos Mexicanos

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