El reciente acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que puso nuevamente en jaque a la iniciativa privada se debe ver en tres puntos fundamentales que afectan y que tendrán repercusiones económicas y jurídicas además de un nuevo enfrentamiento del gobierno con la iniciativa privada.

El acuerdo como tal es un replanteamiento de la Comisión Federal de Electricidad y la energía eléctrica que se produce, distribuye y consume; y que por cierto también se exporta. Ya que dicho A CUERDO por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, centraliza el poder nuevamente en el gobierno federal otorgando un poder absoluto, dicho sea de paso, a Manuel Bartlet, ya que se podría interpretar como una nacionalización de la energía eléctrica para que Bartlet y el gobierno federal pueda otorgar nuevos contratos a su conveniencia y a sus elegidos, pues como ya ha sido costumbre en este gobierno otorga contratos de manera directa sin hacer ninguna licitación y con empresas que resultan ser de los hijos de funcionarios de la 4T o amigos de ellos.

Como se puede ver, ocurrirán nuevos problemas legales a raíz de los contratos que ya se tenían establecidos y las indemnizaciones que se deberán pagar resultan más costosas que seguir con los contratos anteriores, sin embargo se cumple el capricho de una persona que está actuando con un sentimiento personal y ególatra que con el beneficio de la población en el cual se ampara para justificar sus acciones, y destruyendo contratos con organismos internacionales y nacionales, que desde luego, lucharán para defender sus inversiones.

Pero principalmente ha dejado ver que la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, a pesar de que emitió dicho acuerdo, no tiene voz ni voto, tal vez no sepa ni lo que acaba de salir a su nombre,  pues solo ha demostrado que sigue al pie de la letra las instrucciones de su jefe inmediato y que si debe tomar decisiones interrumpe todo para ir a preguntarle, tal como lo hizo en la reunión de la OPEP, pero que tampoco tiene las facultades para emitir un acuerdo que es mas bien un decreto con muchas repercusiones.

Como ya se está viendo con los primeros amparos y las suspensiones en contra de la Secretaría de energía y que pone en riesgo inversiones por más de 30 mil millones de dólares

Para las condiciones que vive el país, en una crisis económica que se tiene y que se acrecentará en los próximos meses, se están realizando acciones y proponiendo otras que en lugar de dar una esperanza causan temor e incertidumbre y que el acuerdo de energía publicado niega el uso de energía renovable, preferenciando el uso de combustibles fósiles, en una franco retroceso lo que nos pone en una dirección distinta solo por seguir en una idea política priista de los años 70’s, de la que los mismos Andrés  Manuel y Bartlet formaron parte.

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